Una mejor Ley de Donaciones, por Leonardo Moreno

Leonardo Moreno es Director Ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza.

Desde su promulgación en 2003, la Ley 19.885, conocida como “Ley de donaciones para organizaciones con fines sociales”, tenía como objetivo la creación de incentivos tributarios para fomentar el aporte de recursos privados al financiamiento de acciones que van en beneficio directo de personas de escasos recursos y personas con discapacidad.

Sin embargo, no cumplió sus objetivos y profundizó los obstáculos. Así, a la fecha no ha sido utilizada. Las razones abundan: el reglamento para poder aplicarla demoró casi dos años en existir, faltó interés de las autoridades por echarla a andar y desde el comienzo fue rechazada por amplios sectores de la sociedad civil. Afortunadamente esto ha comenzado a cambiar. El Ministerio de Hacienda anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que incorpora modificaciones fundamentales a la citada legislación.

En términos simples, la actual ley establece condiciones para donaciones realizadas a instituciones de la sociedad civil que trabajen en pobreza y discapacidad, con un tratamiento distinto, discriminatorio por cierto, en relación a otras leyes similares, y que establece restricciones a las empresas donantes y una serie de penalidades a quienes incurran en abusos o mal uso del beneficio tributario, incluida la pena de cárcel.

Junto con esto, se establece que cada donante deberá obligatoriamente destinar un 30% de su donación al denominado Fondo Mixto, instancia que se encargará de repartir los recursos entre las organizaciones inscritas en un registro. Si bien el sentido redistributivo de la norma es válido, ella ha generado críticas por no respetar la voluntad del donante.

El proyecto anunciado avanza en la idea de mantener el sentido redistributivo, pero asegura la libertad para donar recursos a quienes deseen, pudiendo descontar más impuestos si destinan parte de la donación al Fondo. Se cambia la severa penalidad por sanciones administrativas que disuadirán del mal uso de las franquicias y se permite, finalmente, la opción de que personas naturales puedan donar con un incentivo tributario.

Aunar voluntades y lograr la concertación de actores diversos también ha resultado relevante en torno a este tema y por eso cabe reconocer la voluntad de las actuales autoridades de Hacienda, quienes han roto el statu quo en que se encontraba la ley, como también del presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Walker, y el senador Jaime Orpis.

Siempre hemos abogado por un nuevo trato entre la sociedad civil y el Estado. Este tipo de acciones políticas de la autoridad, como también lo fue la creación este año del Consejo del Fondo Mixto por parte de Mideplan, abren camino en materias relevantes a través de una discusión honesta y sin mezquindades. Una diversidad de organizaciones de la sociedad civil esperan que el diálogo continúe, porque el proyecto de ley tiene aspectos en materia de franquicias tributarias que deben, a nuestro juicio, perfeccionarse.

A partir de ahora queda en manos del Congreso la decisión de acelerar la operatividad de esta legislación, que ya cumple cuatro años sin funcionar y que es tan necesaria para un sector que hace una importante contribución social al país.