Fuente: emol.clEl 21 de febrero pasado, estas páginas alertaban sobre el problema de alcance sudamericano que representa la tensión que el Presidente de Venezuela ha venido incrementando en su relación con Colombia, y comentaban los análisis de diversas fuentes en cuanto a que ello respondiera a un intento de desviar la atención venezolana de los crecientes problemas internos -incluso desabastecimiento y saqueos- causados por sus políticas. Lamentablemente, esa aprensión se ha visto relacionada con la muerte del segundo hombre de las FARC en territorio ecuatoriano, en un operativo realizado por las fuerzas armadas colombianas.
Desde 1964, Colombia ha sufrido una real guerra por las actividades terroristas de las FARC, de ideología marxista, que le han significado a ese país más de 23 mil secuestros tan sólo en los últimos 10 años, más de tres mil 100 de cuyas víctimas siguen en su poder. Según publicaciones francesas, en estos 44 años el conflicto entre la guerrilla y el gobierno colombiano ha causado más de 200 mil muertos.
Este caso es comparable al de la ETA en España. Sus golpes de violencia persistieron por años, hasta que Francia resolvió colaborar con su vecina, tras lo cual ese movimiento extremista, privado de refugio seguro allende la frontera, comenzó a debilitarse rápidamente.
En cambio, ante un problema similar, el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha tenido que luchar solo, sin cooperación vecinal. Las condiciones geográficas en su zona limítrofe con Ecuador dificultan muchísimo las operaciones, y el Presidente Chávez, de Venezuela, no ha dejado margen alguno de duda sobre su postura respecto de las FARC: advirtió que vería un casus belli en cualquier acto similar en territorio venezolano, calificó al dirigente caído como "un buen revolucionario", guardó silencio por los "compatriotas muertos" en este incidente, cerró su embajada en Bogotá, insultó públicamente al Presidente Uribe, movilizó fuertes contingentes aéreos y terrestres -10 batallones de 600 hombres cada uno-, y ha azuzado por todos los medios las reacciones, inicialmente mesuradas, del gobierno ecuatoriano.
La irritada reacción del Presidente Rafael Correa es comprensible y justificada, pues Ecuador está sosteniendo un principio claro: nada justifica la violación por un Estado del territorio de otro. No obstante, incidentes de esa especie se producen con frecuencia en todo el mundo, deliberada o accidentalmente, provocando reacciones diplomáticas a menudo ásperas -Ecuador, de hecho, ha roto sus relaciones diplomáticas con Colombia-, pero sin que eso, en la gran mayoría de los casos, se traduzca en una amenaza de guerra: ésta no suele estallar entre países por una incursión de pocas horas en un par de kilómetros.
Sin embargo, igualmente central es el principio de que Ecuador, como gobierno democrático, debe renovar también una postura clara frente a las FARC. Nada justifica que su territorio pueda constituir asilo para una organización armada de un tercer país, una guerrilla que emplea sistemáticamente el terrorismo -condenado universalmente por otras incontables normas internacionales-, y cuyo propósito expreso es derribar el sistema democrático de un país vecino para reemplazarlo por un régimen totalitario. Frente a esto, los gobiernos democráticos están obligados por múltiples instrumentos internacionales a actuar en contra de una situación semejante. Sería, por tanto, extremadamente grave si se acreditare -como Colombia ha anunciado que lo hará ante la ONU y la OEA- que habría acuerdos entre las FARC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela, según se desprendería de información contenida en el computador del jefe guerrillero abatido -lo que dichos gobiernos han negado.
Si Colombia le debe una disculpa seria a Ecuador -como lo señaló ayer la Presidenta Bachelet-, también Ecuador debe comprender la situación de Colombia, y la posición chilena debería contemplar equilibradamente ese factor, ojalá en los marcos de la organización continental.


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