domingo, 23 de diciembre de 2007

Lo que se Juega en la Ley de Subcontrato

Fuente: www.elsiglo.cl

Aparte de reflejar con precisión radiográfica las dos almas de la Concertación, la decisión de Codelco de recurrir a tribunales para impugnar un dictamen de la Dirección del Trabajo, que la obliga a internalizar a unos cuatro mil trabajadores, se inscribe en la contradicción más importante en la relación capital-trabajo que se haya registrado en los últimos veinte años.

Desde mediados de los 80, el capitalismo descubrió que “modernizarse”, vale decir desregular la relación con el trabajo, o si se prefiere, arrasar con sus derechos y conquistas, le permitía restaurar sus desfallecientes tasas de acumulación. En Chile, en tanto peón adelantado del neoliberalismo, y con una de las legislaciones laborales más flexibles del mundo, no tardaron en introducirse figuras como la subcontratación y el suministro de personal, que buscaban en el primer caso, encubrir la relación de dependencia entre el trabajador y la empresa mandante, y el retorno al torvo negocio del enganche, si es que no al tráfico de carne humana, en el segundo.

Es importante tener en cuenta que esta dramática redefinición del “mercado laboral” se hizo por medio de la vía de los hechos consumados, al margen de la legislación, en virtud de la mera voluntad de los contratantes de trabajo, que a su vez abusaron hasta el extremo la asimetría estructural que los favorece.

De esa manera, tardaron menos de dos décadas en precarizar a alrededor del 60% de la fuerza de trabajo. La propia Codelco es un ejemplo de ello.

En el año 1990 tenía 25 mil trabajadores propios y cinco mil contratistas. El año 2006 tenía 17 mil trabajadores propios y 30 mil contratistas, 24 mil de ellos en los frentes de operación.

Después de años durmiendo en el parlamento, la huelga de los trabajadores contratistas de Codelco, en enero de 2006, reactivó el proyecto de ley que regulaba el subcontrato y suministro de personal, pero menos para defender los derechos de los trabajadores que para darle un estatus jurídico a esa relación. El único aspecto que beneficiaba a los trabajadores, vale decir la definición de empresa, que apuntaba a impedir los abusos amparados por la existencia de centenares de razones sociales para una misma empresa, fue impugnado en el Tribunal Constitucional por los senadores Pablo Longueira y Andrés Allamand, en virtud de una cuestión procesal de tono menor. Sin embargo, en vez de utilizar los recursos de insistencia, el Gobierno igual promulgó la ley.

Y dentro de ésta, el único aspecto que favorece a los trabajadores es la obligación del empleador de contratar a aquellos con los cuales tiene relación de dependencia. De allí deriva el esquizofrénico cuadro de que, mientras la Dirección del Trabajo se afana por hacer cumplir la ley, el directorio de Codelco, integrado por los ministros de Hacienda y Minería recurre a tribunales para, por la vía de la interpretación, relegar dicha ley a letra muerta.

Los argumentos de Codelco, el gran empresariado y la prensa del sistema más que irrisorios, no resisten el menor análisis. El Mercurio se alarma porque la internalización de faenas le va a costar 300 millones a Codelco. Pero nada dijo cuando en 2006 las transnacionales se llevaron 25 mil millones de dólares, cifra que este año será aún mayor. Parece que los intereses que representa El Mercurio no pueden soportar que esos 300 millones de dólares sean obtenidos por trabajadores chilenos, y gastados en Chile.

El argumento del Presidente Ejecutivo de Codelco, en orden a que su administración tiene la obligación de resguardar los intereses de la empresa y sus oportunidades de desarrollo, “porque de esta forma cuida los intereses de todos los chilenos, especialmente de los más pobres", es de una refinada hipocresía. Si eso es así, no se entiende por qué no se opuso a la privatización de los minerales de reposición de Codelco; por qué sigue privatizándola por tajadas, como la reciente enajenación de Talleres, y por qué se empeña en abrir cabida al capital privado en la explotación del mineral Gabriela Mistral. Además, si le preocupan “los más pobres”, que explique la incapacidad de gestión que se ha traducido en la reducción de la producción en 130 mil toneladas lo que significa un menor ingreso en torno a los 1.200 millones de dólares.

Al menos, tanto El Mercurio como Arellano podrían tener la franqueza de reconocer que son los peones adelantados en la defensa de los intereses de las grandes mineras privadas en manos del capital transnacional, y por delegación, del gran empresariado, y de un patrón de acumulación que garantiza a todo evento la ganancia del capital sobre la explotación del trabajo. Lo demás son patrañas. - by marmota -